By En el marco de la Mesa de Seguridad, encabezada por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, la fiscal general de Justicia, Bertha Alcalde Luján, informó que se han recibido un total de 68 denuncias por pinchazos en espacios de transporte público.
De acuerdo con la titular de la fiscalía capitalina, los casos se distribuyen de la siguiente manera: 50 en el Metro, 8 en el Metrobús, 6 en la vía pública y 4 en otros medios de transporte. Asimismo, detalló que otras 60 personas han reportado síntomas similares, aunque en sus casos no se han encontrado indicios de lesiones ni evidencia de pinchazos.
La fiscal Alcalde Luján señaló que, tras las investigaciones, 36 de los casos denunciados presentan una marca física confirmada médicamente, y en 6 de ellos se detectó la presencia de sustancias estupefacientes o medicamentos controlados mediante análisis toxicológicos realizados en dos laboratorios distintos.
Por su parte, el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, informó sobre el reforzamiento de la vigilancia en el transporte público, particularmente en el Metro, pero también en otros sistemas como el Metrobús y el Cablebús. A la fecha, se han llevado a cabo más de 14 mil revisiones aleatorias como parte del protocolo de seguridad.
Durante la conferencia de prensa, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, subrayó que los operativos implementados buscan garantizar la seguridad de las y los usuarios, y anunció que este jueves 15 de mayo se presentará una iniciativa de ley ante el Congreso local para tipificar como delito los actos relacionados con los pinchazos.
La propuesta legislativa, elaborada en conjunto con la Consejería Jurídica, busca crear un nuevo tipo penal que sancione la administración oculta o mediante engaño de sustancias que provoquen reacciones en las personas, aun cuando no se detecte una lesión grave. El proyecto contempla penas de 2 a 5 años de prisión y multas de 50 a 300 días.
Con esta medida, el Gobierno de la Ciudad de México busca cerrar el paso a estas conductas y garantizar el derecho a un transporte seguro para toda la población.
