By La población penitenciaria en México ha crecido a un ritmo alarmante en lo que va de 2025. En solo cinco meses, el número de personas privadas de la libertad ha superado por más de 20 mil la capacidad total del sistema carcelario, lo que ha generado una crisis de sobrepoblación sin precedentes.
A finales de 2024, los reclusorios mexicanos albergaban a 235,197 personas, con una sobrepoblación de poco más de 10 mil internos y 118 centros ya rebasados. Hoy, esa cifra se ha duplicado: hay 20,212 personas más de las que el sistema puede recibir, y 133 cárceles operan por encima de su capacidad.
Este incremento ha sido impulsado principalmente por el aumento de ingresos a prisión. Tras un leve descenso en diciembre, los meses siguientes vieron un repunte significativo, superando los 16,000 ingresos en febrero y marzo. Mientras tanto, las salidas se han mantenido bajas, lo que ha ampliado la brecha entre quienes entran y quienes egresan del sistema.
El Estado de México es la entidad más afectada, con 22,048 personas presas por encima de lo permitido. Le siguen Sonora con 4,588 y Durango con 2,348. En contraste, la Ciudad de México y Baja California aún cuentan con espacios disponibles.
Organizaciones como AsíLegal advierten que esta situación está afectando gravemente los derechos humanos de las personas privadas de la libertad. La saturación ha provocado un aumento en motines, riñas, homicidios, fugas y muertes bajo custodia. Solo en mayo se reportaron hechos graves en Hermosillo, Ciudad de México y Oaxaca.
José Luis Gutiérrez, director de AsíLegal, señala que los penales ya no cuentan con los recursos mínimos para operar: falta personal, medicamentos, alimentos y agua potable. Las consultas médicas son insuficientes y hay personas con enfermedades crónicas sin atención adecuada. “La falta de infraestructura y recursos agrava la violencia y la descomposición dentro de las cárceles”, afirma.
Además, Gutiérrez responsabiliza al sistema judicial del agravamiento de esta crisis. La reciente ampliación de los delitos que implican prisión preventiva oficiosa, incluyendo extorsión y delitos fiscales, ha elevado el número de personas que ingresan sin sentencia. A esto se suma la parálisis judicial provocada por las campañas electorales internas rumbo a la elección judicial del 1 de junio, que ha frenado procesos y postergado decisiones clave.
“Muchos permanecen en prisión mientras sus casos se estancan. Hay personas que pasan meses encarceladas y terminan siendo exoneradas. Es una cadena de errores del sistema”, concluye.
