By Portugal atraviesa una ola de tensiones sociales tras anunciar la salida obligatoria de cerca de 34.000 personas migrantes en situación irregular. La medida, ejecutada por la Agencia para la Integración, Migraciones y Asilo (AIMA), estipula que los afectados deben abandonar el país en un plazo máximo de 20 días. Si no lo hacen de manera voluntaria, podrían enfrentarse a procesos de deportación forzada.
Las notificaciones comenzaron a enviarse a finales de mayo a razón de unas 2.000 por día. El gobierno justifica esta acción como parte de una reestructuración migratoria urgente, señalando que el anterior sistema de “manifestación de interés” —ahora eliminado— generó un atasco burocrático que alentó expectativas falsas entre miles de migrantes.
“El Estado necesita recuperar el control sobre sus fronteras internas. No hay sustento legal para que estas personas permanezcan en el país”, declaró António Leitão Amaro, ministro de la Presidencia.
No obstante, organizaciones de derechos humanos han denunciado que se está penalizando a personas que no son responsables del caos administrativo. Muchas han residido durante años en Portugal, trabajando y contribuyendo al sistema sin haber recibido respuesta a sus solicitudes de residencia.
Activistas y colectivos migrantes han salido a las calles en Lisboa, Oporto y otras ciudades, exigiendo la regularización de quienes llevan años esperando una resolución. Las protestas han contado con el respaldo de partidos de izquierda, que reclaman al Parlamento una revisión urgente del procedimiento y la suspensión de las expulsiones.
Portugal había sido reconocido como ejemplo de apertura migratoria en Europa desde 2017, en respuesta al envejecimiento demográfico. Sin embargo, el cambio de gobierno ha marcado una ruptura drástica con esa visión.
Organizaciones como Amnistía Internacional han advertido sobre los riesgos de ejecutar deportaciones masivas sin considerar los contextos individuales, y critican la falta de garantías procesales en un procedimiento que avanza con rapidez y escasa transparencia.
Mientras tanto, el debate se intensifica: ¿debe Portugal priorizar la eficiencia legal sobre los derechos humanos y la integración social? La respuesta, aún incierta, podría definir el rumbo migratorio del país en los próximos años.
