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El cobro de derecho de piso es uno de los delitos más perjudiciales para la sociedad. No solo afecta a grandes empresas, sino también a trabajadores de distintos sectores como la agricultura, el comercio, el transporte y la educación. Este crimen ha facilitado la expansión del crimen organizado y debilitado las instituciones en varias regiones. A través de la extorsión, grupos criminales han encontrado una fuente de ingresos en localidades donde el narcotráfico no es la actividad principal.
Hasta ahora, ningún estado ha logrado erradicar por completo este delito. En el gobierno se reconoce el problema y se ha manifestado la intención de combatirlo. La Presidenta y el secretario de Seguridad han reiterado su compromiso con esta problemática, señalándola como una prioridad.
En la Ciudad de México, recientemente se anunció la creación de una fiscalía especializada en este delito. Aunque el término ‘fiscalía especializada’ se ha utilizado en otras ocasiones, existen razones para esperar resultados. La capital cuenta con mayores recursos, una fuerza policial numerosa y una vigilancia constante. Según datos de monitoreo, casi una cuarta parte de los arrestos de alto perfil en el país ocurre en la CDMX. Las mafias locales, como Los Rodolfos, Los Tanzanios y el Cártel de Tláhuac, han sido debilitadas y no representan el mismo nivel de amenaza que otros grupos delictivos en distintas regiones.
En diciembre pasado, se aprobó una reforma al Código Penal que busca abordar la extorsión de manera más efectiva, enfocándose en servidores o ex servidores públicos, así como en la protección a transportistas y comerciantes. En los próximos meses, se evaluará si la nueva fiscalía logra generar un impacto significativo. A continuación, se identifican tres grandes desafíos que enfrentará:
- Investigación proactiva. No basta con habilitar una línea telefónica de denuncia (55 5036 3301). Muchos grupos criminales operan bajo la certeza de que sus víctimas no se atreverán a denunciar. Si la fiscalía se limita a recibir denuncias, probablemente detendrá a muchos delincuentes menores, pero no logrará desarticular las estructuras criminales. Para combatir eficazmente la extorsión, es necesario atacar las redes completas.
- Evolución de las estrategias delictivas. Lo que funcione hoy puede volverse inútil mañana. La economía de la ciudad es diversa y ofrece innumerables oportunidades para la extorsión. Si las autoridades logran erradicar el cobro de piso en mercados y eventos, los delincuentes podrían trasladarse a nuevos sectores, como estacionamientos o centros religiosos.
- Intereses afectados. Combatir el cobro de piso implica enfrentarse a grupos con influencias políticas y sociales. Aunque las mafias de la CDMX son menores en comparación con otras del país, muchas operan bajo la fachada de movimientos sociales o cuentan con la protección de elementos corruptos dentro de la policía. Si el gobierno realmente busca debilitar estas estructuras, podrá enfrentar represalias, desde presiones mediáticas hasta posibles atentados.
En otro contexto, se ha filtrado información sobre los cárteles mexicanos que podrían ser designados como organizaciones terroristas por el Departamento de Estado de EE.UU. Además del Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa, la lista incluiría al Cártel del Noreste, Cárteles Unidos y la Familia Michoacana. Este último grupo se dedica principalmente al cobro de piso en diversas regiones del Estado de México, Michoacán y Guerrero.
Se especula que esta designación podría traer consecuencias como sanciones económicas y congelamiento de activos. Además, es posible que la administración de EE.UU. busque castigar no solo a las organizaciones criminales, sino también a funcionarios y exfuncionarios que han facilitado sus operaciones a lo largo de los años.
