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El Gobierno de Javier Milei ha dado un nuevo paso en su estrategia de achicamiento del Estado. Con un decreto firmado por el propio presidente, el Banco de la Nación Argentina ha sido convertido en una sociedad anónima, marcando así un posible camino hacia su privatización en el futuro.
Este movimiento no es completamente sorpresivo. En diciembre de 2024, Milei intentó incluir al Banco Nación en la lista de empresas públicas a privatizar dentro de la Ley Bases. Sin embargo, la oposición logró excluirlo, junto con Aerolíneas Argentinas y la petrolera YPF. Ahora, con esta conversión, el Gobierno abre la puerta a una posible entrada de capitales privados, aunque para ello aún necesitará la aprobación del Congreso.
Un Banco con Historia y Peso Económico
El Banco Nación, fundado en 1891, ha sido un pilar del desarrollo financiero argentino. Con 17.000 empleados y 650 sucursales, es una presencia ineludible en cualquier ciudad o pueblo del país. Durante más de un siglo, ha jugado un rol clave en el desarrollo económico, especialmente en el sector agroexportador, sirviendo como un motor financiero en las regiones rurales.
Su transformación en sociedad anónima modifica su estructura, pero por el momento el Estado nacional retendrá el 99% de las acciones, mientras que el 1% quedará en manos de la Fundación Banco de la Nación Argentina. Según el balance del 31 de diciembre de 2024, el banco cuenta con activos por 48 billones de pesos (unos 43.000 millones de dólares) y depósitos por 33 billones (30.000 millones de dólares). Su cartera de préstamos, valuada en 15 billones de pesos, ha registrado un crecimiento récord del 600% en 2024.
Posturas a Favor y en Contra
Desde el oficialismo, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, defendió la medida asegurando que esta transformación era necesaria para eliminar privilegios y modernizar la entidad. Entre los cambios, destacó la eliminación de la obligación de que todos los depósitos judiciales se realizaran en el Banco Nación.
Por otro lado, la oposición y los sindicatos han reaccionado con dureza. La Bancaria, sindicato que agrupa a los trabajadores del sector y que responde al kirchnerismo, declaró el estado de “alerta y movilización”, advirtiendo sobre posibles huelgas en defensa de la entidad pública. Argumentan que el Nación es el banco más grande, rentable y con más clientes de Argentina precisamente porque es estatal. Además, han insinuado que la medida esconde intenciones de beneficiar intereses privados en detrimento del patrimonio nacional.
¿Privatización en el Horizonte?
El cambio de figura jurídica del Banco Nación es solo el primer paso en una estrategia más amplia. La nueva estructura permitiría, en el futuro, una apertura de capital que implique la participación de privados, aunque para ello será necesario el aval del Congreso. El debate está abierto y la resistencia política y sindical podría frenar o modificar el curso de los acontecimientos.
Con este decreto, el gobierno de Milei avanza en su objetivo de reducir la intervención estatal en la economía. Sin embargo, la polémica está servida y el futuro del Banco Nación sigue siendo incierto en un país donde el rol del Estado en la economía sigue generando profundas divisiones.
