By La disputa entre Grupo Salinas y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) escaló esta semana luego de que el conglomerado empresarial acusara al organismo de actuar con fines políticos y de presionar al Poder Judicial para revocar un amparo concedido a Ricardo Salinas Pliego.
El conflicto gira en torno a la decisión del juez federal Gabriel Regis López, quien en 2022 dictaminó que la UIF no podría acceder ni utilizar la información financiera del empresario en investigaciones judiciales. La UIF, dirigida por Pablo Gómez, solicitó a la SCJN revisar el fallo, argumentando que sentaría un peligroso precedente que podría debilitar la lucha contra el lavado de dinero.
En su reciente comunicado, la UIF calificó el amparo como “un acto de claro favoritismo” y aseguró que permitiría a una persona quedar exenta de obligaciones legales. Por su parte, Grupo Salinas contraatacó con un mensaje contundente, acusando al organismo de usar “sin pudor y de manera facciosa” los recursos del Estado para perseguir críticos del gobierno.
La tensión se enmarca en un contexto de creciente confrontación entre el sector empresarial y el gobierno federal, donde las decisiones judiciales han cobrado relevancia política. La SCJN tendrá en sus manos una resolución clave que podría redefinir el alcance de la UIF y sus atribuciones en materia financiera.
Mientras el debate se intensifica, la opinión pública se polariza entre quienes ven en la UIF un instrumento necesario para combatir la corrupción y quienes consideran que el gobierno está utilizando las instituciones para hostigar opositores. La decisión final de la Corte podría marcar un antes y un después en la relación entre el poder económico y el poder político en México.
