By Indignación y desconfianza marcaron la visita de las familias de personas desaparecidas al Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, donde esperaban obtener respuestas sobre los avances en la investigación de las fosas clandestinas halladas en el sitio.
“Para ver un circo, para burlarse de nosotros”, denunció Patricia Sotelo, madre buscadora que desde hace cuatro años busca a su hija Fanny. Según su testimonio, el lugar había sido alterado, eliminando cualquier rastro de las pruebas. “Las fosas están bien formadas, está acordonado. Ya no puedes asomar donde estaban estos supuestos crematorios”, aseguró.
Sotelo y su colectivo de búsqueda ya habían ingresado previamente al rancho, pero esta vez se encontraron con un sitio transformado. “Todo está bien acordonadito, pintado, arreglado, barrido, ya está bien, está limpiecito”, describió con indignación. En lugar de acceso a la evidencia física, las autoridades solo les mostraron un “catálogo” digital con imágenes de los restos encontrados, negándoles la posibilidad de comprobar su existencia en persona.
Anna Chimiak, codirectora del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD), calificó la jornada como “sumamente irresponsable” y criticó la manera en que se manejó el ingreso de las familias. “Nos ponen en una fila, nos dicen que pueden entrar 20 personas, luego regresan esas 20 personas y van otras 20, pudiendo estar solo 10 minutos como si fuera una especie de tour o una visita a algún lugar turístico”, explicó.
Las familias, que esperaban escuchar al fiscal general de la República y conocer de primera mano los avances en la investigación, denunciaron que fueron convocadas por las comisiones estatales de búsqueda solo para ser informadas, media hora antes del encuentro, de que el fiscal Alejandro Gertz Manero no acudiría.
Ante lo que consideran un acto de simulación y falta de respeto a su lucha, las familias exigieron respuestas claras y un compromiso real por parte de las autoridades.
