By El Gobierno de Donald Trump anunció la deportación de 17 inmigrantes a El Salvador bajo acusaciones de pertenecer a pandillas, sin presentar pruebas que respalden estos señalamientos. La medida se produce en medio de un enfrentamiento judicial por el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros para realizar expulsiones aceleradas.
El secretario de Estado, Marco Rubio, declaró que la operación fue una acción conjunta con El Salvador contra organizaciones criminales como Tren de Aragua y MS-13. El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, respaldó la expulsión y aseguró que entre los deportados hay seis presuntos violadores de menores, aunque tampoco presentó evidencia de ello.
Las deportaciones han generado controversia, ya que muchas de las personas enviadas a la prisión salvadoreña de máxima seguridad CECOT son venezolanos, y sus familiares insisten en que no tienen vínculos con pandillas. Un caso que ha llamado la atención es el de un futbolista venezolano deportado por tener un tatuaje del Real Madrid, según denuncian sus allegados.
El uso de la Ley de Enemigos Extranjeros, creada en 1798 para situaciones de guerra, ha sido duramente cuestionado por jueces federales, quienes argumentan que su aplicación en casos migratorios es inconstitucional. Un tribunal ya bloqueó su uso, pero la Administración Trump ha pedido a la Corte Suprema que revierta la decisión.
Mientras el proceso judicial avanza, organismos de derechos humanos han alertado sobre los peligros que enfrentan los deportados en El Salvador, incluyendo condiciones inhumanas, torturas y posibles ejecuciones extrajudiciales. A pesar de las advertencias, la Casa Blanca sigue defendiendo su estrategia y se niega a revelar más detalles sobre los casos específicos de los expulsados.
