By Las sanciones impuestas están vinculadas al proceso electoral extraordinario del Poder Judicial, programado para el año 2025.
Por Vannia Carmona
Los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) enfrentan su tercera multa consecutiva, impuesta por el juez Segundo de Distrito en Colima, Francisco Javier García Contreras. Cada consejero deberá pagar *54,285 pesos, acumulando un total de *162,855 pesos por persona, debido al desacato a una suspensión judicial que ordenaba frenar el proceso electoral judicial programado para 2025.
La multa, fundamentada en el artículo 262 de la Ley de Amparo, busca sancionar la falta de cumplimiento de una resolución judicial. Este artículo contempla penas de prisión que oscilan entre los tres y nueve años, además de multas equivalentes a entre 50 y 500 días de salario, así como la destitución e inhabilitación de los responsables para ejercer cargos públicos por el mismo periodo.
El juez determinó que el INE ha mostrado una actitud constante de evasión, ignorando múltiples apercibimientos y requerimientos. En su acuerdo señaló:
“La autoridad electoral ha persistido en una conducta que evidencia su negativa para cumplir con la suspensión decretada, lo cual constituye una clara violación a lo dispuesto en la Ley de Amparo”.
Además, el juzgador presentó una denuncia penal contra los 11 consejeros ante la Fiscalía General de la República (FGR), exigiendo que se investigue la posible comisión de delitos relacionados con el incumplimiento de una resolución judicial.
El proceso electoral extraordinario afectado corresponde a la renovación de jueces, magistrados y ministros para 2025. Según el INE, detener este proceso sería inconstitucional, pues el mandato legal les exige organizar y supervisar dichos comicios. Sin embargo, el juez consideró que la justificación del INE no le exime de cumplir con las suspensiones judiciales dictadas, argumentando que existen vías legales para resolver conflictos entre órdenes judiciales y mandatos constitucionales.
Finalmente, el juez giró instrucciones al agente del Ministerio Público para que dé seguimiento al caso, y advirtió que nuevas omisiones podrían derivar en sanciones adicionales más severas.
