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Desde el domingo a las 3:00 a. m., el canciller colombiano Luis Gilberto Murillo y sus asesores iniciaron su jornada de trabajo. Entre los temas tratados estaba una consulta de Ann Hardman, consejera política de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, sobre el estado de dos vuelos con colombianos deportados que estaban por llegar. Aunque habitual, este procedimiento pasó desapercibido en ese momento. Sin embargo, la situación cambiaría drásticamente.
A las 3:41 a. m., el presidente Gustavo Petro sorprendió al Gobierno y al público al escribir en X:
“Desautorizo la entrada de aviones norteamericanos con migrantes colombianos a nuestro territorio. EE. UU. debe establecer un protocolo de tratamiento digno a los migrantes antes que los recibamos nosotros”.
Este mensaje generó un caos político y diplomático inmediato. Los funcionarios intentaron explicarle al presidente que la situación ya estaba regulada mediante protocolos previamente firmados durante la administración de Joe Biden. A pesar de esto, Petro estaba indignado por los informes que describían las condiciones en las que llegaban los deportados, muchas veces encadenados de pies y manos como si fueran criminales peligrosos. Inspirado por ejemplos como el de Luiz Inácio Lula da Silva, quien protestó enérgicamente por casos similares en Brasil, Petro expresó su rechazo de forma contundente.
El conflicto escaló rápidamente. Trump respondió con dureza, imponiendo un arancel del 25 % a las importaciones colombianas y revocando visas a miembros del Gobierno colombiano. Petro, lejos de retroceder, publicó una serie de tuits criticando las políticas migratorias de Trump, a quien acusó de usar métodos “fascistas”. Incluso insinuó que Trump estaba preparando un golpe de Estado en su contra. En sus declaraciones, Petro se presentó como un líder dispuesto a confrontar lo que consideraba un abuso de poder de Estados Unidos, citando figuras históricas y literarias como Bolívar y Aureliano Buendía para enmarcar su postura.
Mientras tanto, dentro del Gobierno colombiano se intentaba apagar el incendio. Los asesores explicaron al presidente que la crisis se debía a un malentendido y que no era necesario escalar el conflicto. Finalmente, el canciller Murillo logró establecer contacto con altos funcionarios estadounidenses, incluido Marco Rubio, secretario de Estado, para buscar una solución. Después de intensas negociaciones, Trump decidió dar por cerrado el asunto, aunque emitió un comunicado afirmando que Colombia había aceptado todas sus exigencias, incluidas las deportaciones en aviones militares sin restricciones.
Por su parte, Colombia respondió con un comunicado más diplomático y moderado. Al final, la situación se resolvió mediante la diplomacia, aunque no sin dejar huella en las relaciones bilaterales y en la política interna colombiana.
