By El Gobierno de Claudia Sheinbaum ha presentado una iniciativa de reforma que podría cambiar radicalmente el panorama mediático en México. Se propone multar con hasta el 5% de sus ingresos a los concesionarios de radio, televisión y plataformas digitales que transmitan propaganda de gobiernos extranjeros, salvo cuando tenga fines culturales o turísticos.
La reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión establece que será la Secretaría de Gobernación la encargada de aplicar las sanciones. La medida responde a la preocupación del Ejecutivo por la reciente aparición de campañas políticas extranjeras, como la ofensiva antiinmigrante del Gobierno de Estados Unidos, transmitida incluso en canales de alto alcance como Televisa.
El artículo 210 de la ley, que será reforzado, prohíbe expresamente la difusión de contenidos políticos o ideológicos originados por gobiernos foráneos. Esta disposición también aplicará a plataformas como YouTube y redes sociales, si comercializan espacios para ese tipo de publicidad en México.
La reforma ha provocado reacciones en la industria. Concesionarios como Televisa y TV Azteca han manifestado su inconformidad ante lo que consideran sanciones desproporcionadas y falta de diálogo por parte del Gobierno.
Además, la propuesta contempla que el espectro radioeléctrico pase a ser administrado por la Agencia de Transformación Digital (ATD), bajo el mando de Pepe Merino. Este organismo sustituirá al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), recientemente eliminado.
Aunque el Ejecutivo asegura que se respetará la libertad editorial y de expresión, el control del espectro, la vigilancia sobre los contenidos y las nuevas sanciones marcan un cambio significativo en la relación entre medios y Estado. El Senado votará la iniciativa la próxima semana, y, de ser aprobada, pasará a la Cámara de Diputados para su ratificación.
