By Por María Carrillo
En un hecho sin precedentes, la jueza María Ruiz Márquez, titular del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en Jalisco, concedió un amparo que invalida el proceso legislativo de la reforma judicial, así como los actos derivados de su promulgación. Este fallo, correspondiente al expediente 1338/2024, responde a una demanda promovida por integrantes del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
Vicios en el procedimiento legislativo
El constitucionalista Francisco Burgoa difundió detalles del documento emitido por la jueza, en el que se identifican irregularidades que comprometen la validez del decreto de reforma. Sin embargo, el amparo no se pronuncia sobre la constitucionalidad de las normas generales, limitándose a analizar los actos de autoridad relacionados con el proceso reformador.
Un debate legislativo polémico
La reforma judicial fue aprobada en la Cámara de Diputados y posteriormente en el Senado, con el voto controversial del legislador panista Miguel Ángel Yunes, quien contradijo la postura oficial de su bancada. Durante la sesión, manifestantes irrumpieron en el Senado para expresar su rechazo, especialmente hacia la propuesta de elegir jueces, magistrados y ministros mediante voto popular.
El entonces presidente Andrés Manuel López Obrador promulgó la reforma el 15 de septiembre, abriendo paso a los registros de aspirantes en los Comités de Evaluación de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Estos comités tienen la tarea de seleccionar los perfiles más idóneos para integrar las boletas electorales, en lo que sería un cambio drástico en el sistema judicial mexicano.
Repercusiones del fallo
El amparo otorgado por la jueza Ruiz Márquez podría marcar un precedente en el análisis de reformas estructurales en el país. Este fallo genera incertidumbre sobre el futuro de los procesos de selección judicial y refuerza el debate sobre la legalidad y transparencia en el procedimiento legislativo.
