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En Tekit, Yucatán, tras el asesinato de una mujer, los habitantes reaccionaron violentamente contra Ismael “N”, apodado “El Wero”, quien años antes había cometido otro crimen mortal. Aunque la policía intentó trasladarlo, los vecinos lo detuvieron y, molestos por su historial delictivo, lo agredieron hasta acabar con su vida, en un acto que fue clasificado como linchamiento.
Un linchamiento se refiere a cuando un grupo de personas decide aplicar castigo a alguien acusado de un crimen, sin que existan pruebas judiciales ni la intervención de las autoridades. Este tipo de actos ocurren a menudo por la desconfianza de la sociedad en las instituciones encargadas de impartir justicia.
Aunque no está específicamente mencionado en la Constitución, el linchamiento va en contra de lo establecido en el Artículo 17, que prohíbe hacer justicia por mano propia. En el caso de los linchamientos, las personas pueden ser acusadas de homicidio, lesiones graves o daños a la propiedad. La pena por homicidio, dependiendo de los hechos, puede ir de 8 a 50 años de prisión, lo que demuestra la gravedad de este tipo de actos. Las autoridades deben garantizar que los casos de justicia se resuelvan dentro del marco legal, evitando que la violencia se convierta en la respuesta de la ciudadanía.
