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Por Frida Rebollar.
La decisión del Senado de posponer hasta 2030 la entrada en vigor de la reforma constitucional contra el nepotismo electoral ha generado una ola de críticas por parte de legisladores de oposición y organizaciones de la sociedad civil.
El Partido Verde presentó una reserva al dictamen que fue respaldada por senadores de Morena, lo que permitió modificar el artículo transitorio y retrasar la aplicación de la reforma. Esto ha sido interpretado como una maniobra política que beneficia a ciertos actores, como la senadora Ruth González, esposa del gobernador de San Luis Potosí, y al exsenador Félix Salgado Macedonio, padre de la gobernadora de Guerrero.
Legisladores del PAN y del PRI han acusado a Morena de pactar con el Partido Verde para mantener prácticas que favorecen la permanencia de familias en el poder. “Se trata de una estrategia para permitir la continuidad de ciertos grupos políticos en los estados, en lugar de combatir realmente el nepotismo”, señaló el senador panista Damián Zepeda.
En respuesta, Ignacio Mier, vicecoordinador de Morena, defendió la decisión argumentando que la reforma debe alinearse con la no reelección establecida para 2030. Por su parte, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, aseguró que la postergación fue discutida con la presidenta Claudia Sheinbaum y que cuenta con el respaldo del movimiento.
Organizaciones de la sociedad civil han expresado su preocupación, señalando que la postergación de la medida representa un retroceso en la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento de la democracia en México.
