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El Gobierno de México justificó el traslado de 29 líderes del narcotráfico a Estados Unidos argumentando que existía el riesgo de que algunos jueces favorecieran su liberación. Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), explicó que estas personas estaban recluidas en diversos penales federales y enfrentaban investigaciones en EE.UU. por delitos como narcotráfico, lavado de dinero, homicidio y tráfico de armas.
El fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, precisó que este movimiento no se trata de una extradición, sino de una entrega justificada bajo el Artículo Quinto de la Ley de Seguridad Nacional y el 89 de la Constitución, en respuesta a una solicitud formal del gobierno estadounidense respaldada por la Convención de Palermo.
Las autoridades mexicanas recalcaron que los detenidos eran generadores de violencia en el país y que su traslado busca fortalecer la lucha contra el crimen organizado a nivel binacional.
