By Participantes del sector inmobiliario temen que la información entregada al gobierno de la CDMX no se utilice de manera clara y transparente
La reforma al Artículo 132 del Código Fiscal de la CDMX ha provocado inquietud en el sector inmobiliario, ya que exige a los propietarios de inmuebles habitacionales con un valor catastral superior a 4.5 millones de pesos presentar información sobre sus propiedades ante la Secretaría de Finanzas. La principal preocupación radica en la incertidumbre sobre el uso que se dará a estos datos.
Fernando Rodríguez Bustamante, miembro del Consejo de Inmobiliarios Profesionales del Clúster de Innovación y Transformación Inmobiliaria (CITI), explicó que, aunque la declaración es voluntaria, los contribuyentes deberán realizar el trámite de aceptación o negación cada año.
“Si un propietario decide no proporcionar la información, deberá ingresar a la página de la Secretaría de Finanzas, buscar el formato correspondiente y seleccionar la opción ‘me niego a compartir la información’. De lo contrario, podría ser susceptible a una sanción”, advirtió.
El gobierno señala que la medida solo afecta al 3% de las cuentas prediales registradas. Datos de la firma 4S Real Estate indican que en 2024 se vendieron 13,700 viviendas en la CDMX mediante crédito hipotecario, de las cuales 3,294 pertenecen al segmento residencial plus con un valor superior a 4 millones de pesos.
A pesar de que la legislación no atenta directamente contra la propiedad privada, Bustamante considera que esta medida es una forma de limitar la autonomía de los propietarios y podría desincentivar la inversión inmobiliaria.
El sector inmobiliario ha atravesado un periodo complicado desde la pandemia en 2020, agravado por las elecciones de 2024 y las reformas económicas de 2025. Esta nueva regulación ha generado más incertidumbre, afectando la compra de viviendas y favoreciendo el crecimiento del mercado de renta.
El diputado local Diego Garrido, del PAN, expresó su preocupación sobre la posible vulneración de la privacidad de los propietarios, ya que considera que la solicitud de información podría representar un riesgo para la seguridad de los ciudadanos.
“La jefa de Gobierno, Clara Brugada, prometió la construcción de 200,000 viviendas, pero no hay espacio suficiente para cumplir esa meta. Esto enciende las alarmas sobre la verdadera intención de esta política y su impacto en la propiedad privada”, señaló.
Además del riesgo en el uso de la información, Bustamante destacó contradicciones dentro de la regulación.
“La ley establece que los propietarios deben proporcionar estos datos, pero al mismo tiempo se afirma que la declaración es voluntaria. Es una contradicción que genera incertidumbre incluso entre los juristas”, comentó.
Ante esta situación, el PAN ha propuesto en el Congreso de la CDMX eliminar el párrafo del Código Fiscal que obliga a los propietarios a presentar esta declaración, con el objetivo de garantizar la certeza jurídica y proteger la inversión en el sector inmobiliario.
