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Las calles de la Ciudad de México, especialmente en zonas como Roma-Condesa y Polanco, han visto cómo los restaurantes han extendido su presencia más allá de sus paredes. El programa Ciudad al Aire Libre, nacido durante la pandemia para permitir la colocación de mesas en exteriores, se convirtió en una puerta abierta a la apropiación irregular del espacio público.
Hoy, más de 8,900 negocios han registrado terrazas en vía pública, pero no todos cumplen con las reglas. Las estructuras fijas, que debían ser desmontables, proliferan. Las banquetas se reducen. El espacio peatonal desaparece. Y lo peor: muchos locales instalan pantallas, bocinas, y en algunos casos hasta cocinan sobre la vía, algo expresamente prohibido.
Las autoridades locales aseguran que han realizado inspecciones y retiros de mobiliario, pero la realidad en las calles refleja una regulación débil y una supervisión desigual.
En calles como Álvaro Obregón, Orizaba o Emilio Castelar, se repiten escenas donde peatones deben sortear tarimas, calentadores inútiles o sartenes en uso. La falta de espacios libres afecta especialmente a personas con movilidad reducida.
A pesar de que la Ley exige condiciones claras —dos metros libres para peatones, estructuras móviles, sin preparación de alimentos fuera del local—, el desorden prevalece. Los propios vecinos afirman que las alcaldías hacen poco o actúan con discrecionalidad.
El descontento ciudadano crece, mientras el boom restaurantero sigue extendiéndose. La pregunta es si la ciudad podrá equilibrar el impulso económico con el respeto al derecho de todos a usar el espacio público.
