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En una polémica que parece sacada de los años 90, el diputado Francisco Arturo Federico Ávila Anaya presentó una iniciativa para reformar el Código Penal Federal, en la que responsabiliza a productos culturales como los videojuegos de fomentar la violencia. Como ejemplo, señaló al clásico DOOM como una supuesta influencia directa en los autores del tiroteo en Columbine, Estados Unidos, ocurrido en 1999.
La propuesta pretende modificar el artículo 208 para sancionar a quienes difundan o promuevan contenidos que “glorifiquen el delito o inciten a la violencia”, incluyendo a desarrolladores, distribuidores y promotores de videojuegos.
“Hay evidencia de que los videojuegos violentos afectan a los jóvenes. En Columbine, los responsables se inspiraron en DOOM “, argumentó el legislador, quien considera que este tipo de contenidos pueden desencadenar comportamientos criminales.
La declaración no tardará en generar reacciones. Usuarios en redes sociales y miembros de la comunidad gamer criticaron duramente la iniciativa, acusando al diputado de ignorar estudios recientes y recurrir a argumentos desactualizados. Especialistas en medios han enfatizado durante años que no existe una conexión directa entre los videojuegos violentos y actos delictivos. De hecho, muchas naciones con alta penetración de este tipo de entretenimiento no presentan mayores niveles de violencia.
Además, la iniciativa ha levantado alarmas sobre posibles implicaciones para la libertad de expresión y la censura cultural. Algunos analistas advierten que intentar legislar contenidos con base en criterios morales o subjetivos puede sentar un precedente de riesgo.
Mientras tanto, DOOM , el juego citado en la iniciativa, sigue siendo considerado un hito del gaming, tanto por su innovación técnica como por su legado en la historia del entretenimiento interactivo.
La propuesta sigue en análisis, pero el debate está encendido. Y una vez más, los videojuegos vuelven al banquillo de los acusados.
