By Con 61 votos a favor, uno en contra y cero abstenciones, el Congreso de la Ciudad de México aprobó en lo general el dictamen que permitirá la realización de corridas de toros sin violencia.
La decisión se basa en una iniciativa ciudadana para prohibir los espectáculos taurinos y en la propuesta presentada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, que establece la prohibición de dar muerte a los toros tanto dentro como fuera de la plaza.
Aemás, los legisladores aprobaron una modificación que extiende la duración de las corridas de 10 a 15 minutos. Según explicaron, el objetivo es garantizar la protección de los animales y preservar los empleos relacionados con la tauromaquia.
El único voto en contra fue del legislador Pedro Haces, reconocido aficionado a la fiesta brava.
Mientras tanto, en los alrededores del Congreso, manifestantes a favor y en contra de la medida se congregaron en medio de un fuerte dispositivo de seguridad. Se han registrado enfrentamientos entre policías y algunos protestantes.
¿Qué establece la iniciativa?
La propuesta original, impulsada por la ciudadanía, planteaba la prohibición total de los eventos taurinos mediante la modificación del artículo 25 de la Ley de Protección y Bienestar Animal, que actualmente exceptúa a las corridas de toros y peleas de gallos de la normativa contra el maltrato animal.
También proponía cambios en la Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos, eliminando el término “taurino” del concepto de espectáculo público y derogando artículos relacionados con la venta de boletos y las ganancias de estos eventos.
El proyecto fue presentado por organizaciones civiles en septiembre de 2024 y recibió la clasificación de iniciativa preferente tras validar más de 27,442 firmas en enero de este año.
Sin embargo, la semana pasada, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, propuso una alternativa: la creación del concepto legal de “Espectáculo taurino sin violencia” junto con una serie de condiciones para permitir las corridas sin daño a los animales.
Este enfoque fue incluido en un nuevo dictamen, aprobado el 14 de marzo por la Comisión de Puntos Constitucionales y finalmente avalado por el pleno del Congreso.
