By A cinco años del inicio de la pandemia por COVID-19, resulta impactante revisar las primeras informaciones sobre los diagnósticos y fallecimientos vinculados a esta enfermedad respiratoria. Lo que inicialmente se percibió como un cuadro gripal severo evolucionó rápidamente hasta convertirse en una de las crisis sanitarias y sociales más devastadoras de la historia reciente de España, con un saldo de más de 120.000 muertes según registros oficiales y más de siete millones a nivel mundial. La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que la cifra real podría superar los 15 millones. A pesar del impacto global, la sociedad ha avanzado con rapidez en la superación del evento, y solo ahora algunos indicadores económicos y sociales han recuperado niveles previos a la crisis.
Persisten, sin embargo, secuelas clínicas y estructurales que requieren atención. Entre ellas, el síndrome de COVID persistente sigue sin recibir una respuesta sanitaria adecuada. Estudios internacionales estiman alrededor de dos millones de casos en España, con pacientes que refieren sentirse desatendidos y sin recursos suficientes para su manejo. Otro punto crítico es la situación de las residencias de ancianos, donde a pesar de nuevas regulaciones, las capacidades siguen siendo insuficientes para afrontar futuras crisis sanitarias, como ha advertido la patronal del sector en Cataluña.
Desde el punto de vista epidemiológico, la pandemia dejó lecciones fundamentales sobre la velocidad de respuesta. El primer fallecimiento confirmado por COVID-19 en España se registró el 13 de febrero en Valencia. Sin embargo, la confirmación diagnóstica no llegó hasta el 3 de marzo, lo que evidenció una circulación comunitaria silenciosa del virus desde semanas antes. Estudios genéticos posteriores revelaron que el SARS-CoV-2 ingresó al país a través de múltiples introducciones, generando cadenas de transmisión simultáneas. En aquel momento, los responsables de Salud Pública confiaban en la identificación y aislamiento de los primeros casos como estrategia de contención, sin conocer aún el período de contagio asintomático de hasta 10 días que favoreció la propagación exponencial del virus.
El estado de alarma se decretó el 14 de marzo y, a pesar de las medidas de confinamiento, el número de fallecimientos diarios continuó en ascenso hasta alcanzar un pico de 950 defunciones el 2 de abril. Este episodio subraya la necesidad de sistemas de respuesta rápida y de garantizar la disponibilidad de insumos sanitarios esenciales. Aunque se han implementado reservas estratégicas, persisten vulnerabilidades significativas, especialmente en la garantía de suministro de medicamentos críticos como los antibióticos. La Unión Europea trabaja en una legislación para reducir la dependencia de importaciones, aunque su implementación llega con retraso.
Por último, la pandemia reafirmó la importancia de organismos internacionales como la OMS para coordinar respuestas basadas en evidencia científica y garantizar el acceso equitativo a recursos en los países con menos capacidades. Sin embargo, actualmente nos encontramos en una situación más frágil en este aspecto: la desinformación y el negacionismo han ganado terreno con herramientas de difusión masiva, y la salida de Estados Unidos de la OMS ha debilitado la respuesta global. En este contexto, Europa sigue representando un referente en racionalidad, eficacia y solidaridad sanitaria, valores que deben protegerse y fortalecerse en preparación para futuras emergencias.
