Riesgo para la UACh: STAUACh denuncia opacidad en la Rectoría

Riesgo para la UACh: STAUACh denuncia opacidad en la Rectoría

El Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma de Chapingo (STAUACh) advierte que las decisiones tomadas por Rectoría no solo afectan el desarrollo de las funciones sustantivas de la institución, sino que también ponen en riesgo su estructura y función social.

El STAUACh reitera su denuncia sobre la falta de transparencia en el manejo de los recursos presupuestales durante la actual administración, señalando que la contratación de casi 200 empleados de confianza sin adscripción ni funciones definidas es injustificable.

Esta situación, alertó el Sindicato, ha contribuido a un alarmante déficit de más de 400 millones de pesos en el capítulo 1000, comprometiendo la estabilidad financiera de la UACh, a pesar de que el número de trabajadores de base no ha cambiado, los sueldos no han aumentado y las condiciones laborales siguen sin mejorar.

El movimiento de huelga ha cobrado gran relevancia con la participación del 96% de los agremiados, quienes han reafirmado su convicción de defender no solo sus derechos laborales, sino también a la UACh de la corrupción que impera en la administración actual.

El lunes 24 de marzo, la mayoría votó a favor de continuar la huelga hasta que se cumplan las siguientes demandas:

  1. Respeto absoluto a nuestro Contrato Colectivo de Trabajo.
  2. Cese inmediato de la campaña de hostigamiento y persecución contra los académicos y cualquier miembro de la comunidad universitaria, impulsada por esta administración a través de sanciones impuestas de manera ilegal, violando el contrato colectivo y la Constitución.
  3. Una negociación seria y con verdadero interés en atender las demandas justas del sindicato, incluyendo la revisión de las cláusulas 95, 100, 107 y 130, con el objetivo de lograr condiciones equitativas respecto a otros sindicatos universitarios.

El STAUACh considera urgente establecer una supervisión continua sobre el ejercicio presupuestal en las universidades públicas del país, garantizando que el gasto sea transparente, justo y alineado con los objetivos institucionales para preservar su función social.

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