By Por Sharon Oropeza
La reciente suspensión de la orden de aprehensión contra Javier Corral, exgobernador de Chihuahua, ha generado un intenso debate en redes sociales y en la esfera política. Mientras Corral celebra el amparo provisional que le otorgó la jueza Patricia Marcela Diez Cerda, argumentando que es víctima de una persecución política, sus detractores sostienen que debe rendir cuentas por el presunto peculado de 98 millones de pesos.
Corral, quien actualmente se desempeña como senador por Morena, afirma que las acusaciones en su contra son parte de una represalia orquestada por la actual gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, en complicidad con el exgobernador priista César Duarte. Según Corral, esta persecución se debe a su combate frontal contra la corrupción durante su gestión. Además, ha denunciado que desde 2021 no ha tenido acceso a los documentos del caso, lo que considera una violación a sus derechos.
El intento de arresto, que se dio el pasado jueves en la Ciudad de México, no se concretó debido a la falta de coordinación entre las fiscalías de Chihuahua y el Estado de México. Este incidente, sumado a la falta de respuesta por parte del Fiscal Anticorrupción de Chihuahua, Abelardo Valenzuela, ha intensificado las críticas y sospechas sobre la motivación política detrás de las acciones legales contra Corral.
En este contexto, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha salido en defensa de Corral, acusando a la Fiscalía de Chihuahua de actuar con intereses partidistas. López Obrador ha insinuado que la Fiscalía General de la República debería intervenir en el caso para garantizar una investigación imparcial. Por su parte, Claudia Sheinbaum, presidenta electa de México, ha ratificado su apoyo a Corral, asegurando que continuará en su equipo de trabajo y calificando la acusación como un acto de venganza sin fundamento.
