By Por Valeria Vázquez
La reciente transformación de Pemex y CFE a empresas públicas plantea riesgos significativos para su estabilidad financiera, según un informe de Moody’s Ratings. Este cambio de estatus, aprobado el 24 de octubre, les asigna la misión de asegurar el suministro energético sin priorizar la rentabilidad.
Las modificaciones a los artículos constitucionales, que revirtieron parte de la liberalización del sector energético de 2013, implican que las necesidades de efectivo de Pemex se elevarán a 19,000 millones de dólares para 2026. Moody’s indica que el apoyo gubernamental a la petrolera ha sido de 9,000 millones de dólares anuales en los últimos años, cifra que probablemente crecerá.
Por su parte, aunque la CFE no necesitará apoyo financiero extraordinario, seguirá recibiendo transferencias del gobierno para compensar los subsidios, que en 2023 representaron el 12% de sus ingresos. La reforma establece que la participación privada en la generación eléctrica no podrá superar el 54% reservado para el Estado, aunque la falta de claridad sobre la implementación de estas medidas podría desalentar la inversión en energías renovables.
Este panorama de incertidumbre puede retrasar los esfuerzos por alcanzar el objetivo del gobierno de un 45% de participación de energías limpias para 2030, afectando así el futuro del sector energético en México.
