By Por Luis Alberto Beltrán. Corresponsal
Morelos. Cinco funcionarios cercanos al exgobernador Cuauhtémoc Blanco estarían involucrados en presuntas irregularidades de compraventa de terrenos en la zona exclusiva del Lago de Tequesquitengo, adquiridos a precios muy por debajo del mercado. Los terrenos, cuyo valor comercial ronda los tres millones de pesos, habrían sido comprados por menos de 150 mil pesos cada uno.
Entre los beneficiarios destacan Sandra Anaya Villegas, exsecretaria de Administración y hoy diputada federal de Morena; Mónica Boggio, exsecretaria de Hacienda y actual magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa; y Edgar Riuo, exsecretario particular y primo de Cuauhtémoc Blanco. La adquisición de estos terrenos fue gestionada mediante el Fideicomiso Lago de Tequesquitengo (Filateq) y financiada a través de créditos del Instituto de Crédito para los Trabajadores del Gobierno, lo cual facilitó que las operaciones aparentaran estar en regla.
El Filateq, organismo bajo la Secretaría de Desarrollo Sustentable, está destinado a promover obras en los cuatro ejidos que rodean el lago; sin embargo, en la administración pasada, este fideicomiso se habría convertido en una vía para que funcionarios adquirieran terrenos a precios irrisorios. En uno de los casos, Sandra Anaya Villegas adquirió cuatro lotes de 224 metros cuadrados cada uno, por los que pagó solo 144,032.40 pesos por lote, un precio que sitúa el costo por metro cuadrado en 640 pesos, cuando el valor de mercado en la zona supera los 15 mil pesos por metro cuadrado.
Mónica Boggio y su esposo, Edgar Riuo, también se habrían beneficiado de esta situación, adquiriendo seis y tres lotes respectivamente, dos de ellos financiados a 36 meses. La estructura del comité de Filateq incluye al gobernador y a altos funcionarios del estado, lo que, según abogados consultados, plantea un claro conflicto de interés, ya que, por su participación en el comité, no podrían ser compradores directos de estos terrenos.
En respuesta a la situación, Sandra Anaya Villegas admitió haber comprado los terrenos, defendiendo que lo hizo “como cualquier servidor público con derecho a crédito” y negó haber incurrido en tráfico de influencias. La actual gobernadora de Morelos, también de Morena, señaló que hasta el momento no existen pruebas concluyentes de fraude. Aclaró que no será ella quien persiga el caso, sino las instancias competentes, ya que su prioridad es trabajar para el pueblo de Morelos.
