Entrega de 40 inmuebles del Edomex por Delfina Gómez

Entrega de 40 inmuebles del Edomex por Delfina Gómez

Por Sofia Swindall

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, formalizó la entrega de 40 inmuebles a dependencias estatales, como la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), dando posesión legal de estos espacios tras décadas de irregularidades. Con este acto, se garantiza la certeza jurídica para las instituciones y sus trabajadores, asegurando que las dependencias operen en lugares con respaldo legal.

Certidumbre para dependencias del Edomex

Delfina Gómez estuvo acompañada en la ceremonia por Trinidad Franco Arpero, titular de la Oficialía Mayor, y Jesús George Zamora, titular de la Consejería Jurídica, junto a representantes de las dependencias beneficiadas. De los 40 inmuebles entregados, 34 fueron asignados a la FGJEM para albergar Ministerios Públicos, Subprocuradurías, centros de refugio para mujeres, casas de arraigo y oficinas periciales, entre otros. También se destinaron dos inmuebles al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México (TRIJAEM), uno al Sindicato Único de Trabajadores del Estado de México y Municipios, y tres a la Sedena.

Demanda de oficinas dignas en el Edomex

La gobernadora Delfina Gómez reconoció la necesidad de oficinas dignas y centros de atención en las distintas instituciones, lo cual fortalecerá la capacidad de servicio hacia la ciudadanía. Este proceso es la primera fase en la regularización de propiedades del gobierno estatal, el cual continuará con un diagnóstico que identificará más inmuebles, incluidos centros educativos, con el objetivo de brindarles seguridad jurídica.

Proceso de regularización para el Edomex

Trinidad Franco Arpero, titular de la Oficialía Mayor, explicó que ya está en marcha un análisis para regularizar los inmuebles que son propiedad del gobierno estatal, en colaboración con la 62 Legislatura local, asegurando así un proceso de desincorporación formal. Con ello, se busca garantizar no solo la certeza jurídica para las instituciones, sino también para quienes laboran en ellas, eliminando el riesgo de desalojo en sus espacios de trabajo.

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