By El gobierno de Michoacán, liderado por Alfredo Ramírez Bedolla, confirmó que el exgobernador Silvano Aureoles Conejo es considerado prófugo de la justicia tras una orden de aprehensión emitida por una jueza de la Ciudad de México a solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR).
“Sabemos que la FGR está rastreando varios estados, incluyendo Michoacán”, informó Ramírez Bedolla.
Azucena Marín Correa, contralora estatal, expuso cómo la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Secretaría de Finanzas otorgaron contratos directos a la inmobiliaria DyF S.A. de C.V. para la renta de siete cuarteles a precios inflados, ubicados en Lázaro Cárdenas, Apatzingán, Uruapan, Huetamo, Coalcomán, Jiquilpan y Zitácuaro.
Entre 2016 y 2017, se destinaron 3,486 millones de pesos en mantenimiento y adecuaciones sin comprobación documental. La inmobiliaria no acreditó la propiedad de los terrenos hasta después de firmar los contratos, y en 2021, dos días antes de dejar el cargo, Aureoles autorizó la compra de los cuarteles por 1,760 millones de pesos, elevando el fraude a más de 5 mil millones de pesos.
Las auditorías de 2021 revelaron que cada cuartel tenía habitaciones de lujo para uso exclusivo del exgobernador, con vidrios blindados y mobiliario de alto costo. En febrero de 2022, la Contraloría presentó una denuncia penal y, en 2023, la ASF calculó un daño al erario de 1,052 millones de pesos.
Para 2024, la FGR aseguró las propiedades, llamó a declarar a 31 funcionarios y judicializó el caso por peculado, fraude, operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa. Al 3 de marzo, han sido detenidos Carlos “N” (exsecretario de Finanzas), Antonio “N” (exsecretario de Seguridad Pública), Elizabeth “N” y Mario “N” (exdelegados administrativos de la SSP).
