By Por: Elizabeth Flores.
En una acción que ha generado gran polémica, secretarios y trabajadores del poder judicial clausuraron de manera simbólica los accesos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), manifestándose en contra de la reforma judicial que se encuentra en discusión. Esta protesta refleja el profundo desacuerdo de estos sectores con las modificaciones propuestas, las cuales consideran una amenaza para la independencia del poder judicial.
Contexto de la reforma judicial
La reforma judicial propuesta por el gobierno ha sido objeto de intenso debate en las últimas semanas. Los críticos de la reforma sostienen que las modificaciones buscan consolidar un mayor control del Ejecutivo sobre el poder judicial, lo que podría erosionar la autonomía de la SCJN y comprometer la imparcialidad de las decisiones judiciales.
Los secretarios que lideraron la protesta decidieron clausurar simbólicamente las entradas de la SCJN como una manera de visibilizar su rechazo a la reforma. A través de esta acción, buscan alertar a la ciudadanía y a las autoridades sobre los peligros que, según ellos, entraña la aprobación de esta reforma.
Desarrollo de la protesta
Durante la clausura simbólica, los manifestantes colocaron cintas de precaución y carteles en los accesos principales de la SCJN, acompañados de consignas que enfatizaban la necesidad de un poder judicial independiente. La protesta incluyó discursos en los que se criticaron duramente los aspectos de la reforma que, a juicio de los manifestantes, debilitan la separación de poderes.
Esta acción ha sido interpretada por algunos como un gesto de desafío hacia el gobierno, mientras que otros la ven como una expresión legítima de preocupación ante los posibles efectos de la reforma.
Repercusiones y reacciones
Las reacciones ante esta protesta no se han hecho esperar. Diversos actores políticos y sociales han expresado sus puntos de vista sobre la clausura simbólica, algunos apoyando la acción y otros condenándola como un acto de presión indebida sobre la SCJN.
Por su parte, el gobierno ha defendido la necesidad de la reforma judicial, argumentando que busca mejorar la eficiencia y la transparencia en el sistema de justicia. Sin embargo, los manifestantes insisten en que las reformas podrían limitar la capacidad del poder judicial para actuar de manera independiente y en defensa de los derechos ciudadanos.
