By Por Adalai Ojeda
La medición de la pobreza en México es un tema que va más allá de las cifras frías. Aunque en principio parece una cuestión técnica, también es un escenario de intereses políticos. Durante su 6to Informe de Gobierno, el presidente López Obrador destacó una importante reducción en la pobreza, basándose en datos del Banco Mundial que mostraban una baja de 9.5 millones de personas en situación de pobreza entre 2018 y 2023. Sin embargo, esta cifra contrasta con la medición oficial del CONEVAL, que presenta resultados menos favorables en términos de pobreza extrema.
Este tipo de discrepancias no es nuevo. Ya en el sexenio de Peña Nieto, se criticó la alteración de la comparabilidad de los datos a partir de cambios en la encuesta ENIGH del INEGI. La estrategia entonces, como ahora, consiste en citar mediciones que favorezcan una narrativa de éxito, obviando otros indicadores importantes. En aquel momento, se destacaba que 12.5 millones de personas habían salido de la pobreza, según el Banco Mundial, mientras que el CONEVAL mostraba cifras mucho más conservadoras.
La semana pasada, en el XXII Seminario Nacional de Política Social, más de 40 expertos se reunieron para discutir temas como pobreza, desigualdad y políticas sociales. Los análisis presentados dejaron en claro que, si bien la pobreza moderada ha disminuido, la pobreza extrema sigue siendo un desafío que afecta a millones de mexicanos. A pesar de las mejoras en ingresos y derechos sociales, los sectores más vulnerables no han visto un cambio significativo.
Lo que preocupa aún más es la propuesta de desaparecer al CONEVAL, que desde su creación ha sido un organismo autónomo clave para la medición precisa y objetiva de la pobreza. Si esta propuesta se lleva a cabo, se teme que las futuras mediciones puedan carecer de transparencia y estar aún más sujetas a intereses políticos.
