By Por María Carrillo
El Instituto Nacional Electoral (INE) ha rechazado validar las reformas a los estatutos del Partido Revolucionario Institucional (PRI), realizadas durante el proceso electoral, lo que pone en duda la continuidad de Alejandro “Alito” Moreno al frente de la dirigencia del partido. Esta decisión fue tomada con una votación de siete a favor y cuatro en contra, debido a que las modificaciones se efectuaron fuera del plazo estipulado por la Ley General de Partidos Políticos.
INE invalida reformas estatutarias del PRI
El INE argumentó que el PRI modificó sus estatutos antes de que concluyera el proceso electoral, lo que contraviene el artículo 34 de la ley. Debido a esto, la autoridad electoral determinó que no podía analizar la legalidad de dichas reformas, dejando el asunto en manos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que será quien decida sobre la renovación de la presidencia y secretaría general del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI.
Respuesta del PRI a la decisión del INE
Los representantes del PRI mostraron su inconformidad con la decisión, acusando al INE de extralimitarse en sus facultades. La diputada Marcela Guerra criticó que la resolución atenta contra la autonomía y auto organización del partido. A su vez, el diputado Emilio Suárez destacó la importancia de otorgar certeza a la militancia, en especial ante los próximos procesos electorales en Veracruz y Durango.
Futuro de Alejandro Moreno en la dirigencia del PRI
Aunque el INE no se pronunció específicamente sobre la reelección de “Alito” Moreno como dirigente del PRI, dicha renovación fue posible gracias a las reformas estatutarias ahora invalidadas. Esto deja en incertidumbre el futuro de Moreno en la dirigencia, ya que la decisión final recae en el TEPJF.
La presidenta del INE, Guadalupe Taddei, expresó su desacuerdo con la resolución, señalando que no queda claro qué sucederá con los actos jurídicos realizados tras las reformas. En tanto, el consejero Uuc-kib Espadas subrayó que aceptar modificaciones durante procesos electorales afectaría los derechos partidistas de la militancia.
