By Por María Carrillo
Diez años después de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, la herida sigue abierta para las familias de los normalistas y para gran parte de la sociedad mexicana. La tragedia ocurrida la noche del 26 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero, marcó un antes y un después en la historia reciente del país, dejando una marca imborrable de impunidad y exigencia de justicia.
Para Clemente Rodríguez, padre de Christian Rodríguez Telumbre, uno de los estudiantes desaparecidos, el dolor se ha convertido en una constante. En su búsqueda incesante, Clemente habla con las plantas mientras trabaja la tierra, pidiendo señales de su hijo, esperando respuestas que nunca llegan. Como él, muchos otros padres y madres han visto su vida transformada, movidos por la esperanza de encontrar a sus hijos con vida, tal como fueron arrebatados.
Desde el inicio, la versión oficial sobre lo que ocurrió aquella fatídica noche ha sido cuestionada. La llamada “verdad histórica”, presentada en 2014, fue desmantelada por las investigaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que señalaron graves irregularidades y manipulación de pruebas. A lo largo de los años, se han presentado seis informes que desmienten la versión gubernamental, pero a pesar de los esfuerzos, la verdad aún no ha salido a la luz.
La lucha de las familias no ha cesado. Cada 26 de septiembre, los padres y madres de los 43 normalistas organizan protestas en la Ciudad de México y en Iguala, recordando al gobierno y a la sociedad que su exigencia sigue siendo la misma: justicia y el regreso de sus hijos con vida.
El caso Ayotzinapa no solo marcó a las familias de los desaparecidos, sino también al municipio de Iguala, que pasó de ser un lugar con valor histórico, conocido por su relación con la bandera mexicana, a un símbolo de inseguridad y violencia. La tragedia transformó el panorama del estado de Guerrero, incrementando la desconfianza en las autoridades y dejando una huella de miedo y rabia.
A pesar del paso de los años, el cansancio no ha vencido a los padres. Cristina Bautista, madre de Benjamín Ascencio Bautista, ha dejado de lado su vida anterior para dedicarse a la búsqueda de su hijo. Con la venta de mezcal y productos locales, financia su lucha, mientras agradece al pueblo de México y a los medios de comunicación por mantener vivo el recuerdo de los 43.
La investigación sigue abierta, y aunque ha habido arrestos y liberaciones, hasta el momento no hay responsables condenados. Los padres, que han señalado la posible participación del Ejército en los hechos, exigen al gobierno de Andrés Manuel López Obrador que entregue toda la información disponible. El presidente, sin embargo, ha negado tener pruebas de la implicación militar.
A 10 años de distancia, la tragedia de Ayotzinapa sigue siendo un recordatorio de la fragilidad de la justicia en México. La búsqueda continúa, impulsada por el amor y el coraje de quienes se niegan a olvidar a sus hijos, y por una sociedad que no está dispuesta a permitir que el caso quede en la impunidad.
