Por Sharon Oropeza
En un hecho que resonó a nivel internacional, la presidenta Claudia Sheinbaum ofreció este miércoles una disculpa pública en nombre del Estado mexicano por la masacre de Tlatelolco, ocurrida el 2 de octubre de 1968. Este trágico episodio, que resultó en la muerte de cientos de estudiantes y civiles, es uno de los momentos más dolorosos de la historia moderna de México. La disculpa fue reconocida por la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), que saludó la decisión de Sheinbaum de dedicar su primera conferencia presidencial a este tema.
La ONU-DH, a través de su cuenta oficial de X, destacó la relevancia de este gesto en una fecha tan emblemática para México. La organización valoró no solo la disculpa pública, sino también el decreto que establece acciones para la preservación de la memoria histórica, la justicia y la no repetición. Según la ONU-DH, garantizar la verdad y la justicia para las víctimas de violaciones a los derechos humanos es fundamental para cerrar una de las heridas más profundas del país.
La masacre de Tlatelolco, perpetrada por el gobierno mexicano en un intento de suprimir las protestas estudiantiles que exigían mayor libertad y derechos democráticos, dejó un legado de dolor e impunidad. Durante décadas, las familias de las víctimas han exigido justicia y la verdad sobre lo que realmente sucedió ese día. En este contexto, la disculpa pública representa un paso hacia la reconciliación y la reparación histórica que tantos han demandado.
El reconocimiento por parte de Sheinbaum no solo honra los ideales de libertad y democracia que impulsaron las protestas estudiantiles de 1968, sino que también establece un precedente importante para futuros gobiernos en cuanto al manejo de crímenes de estado. La ONU-DH subrayó que esta disculpa es una oportunidad para reflexionar sobre el pasado y aprender de él, asegurando que las generaciones futuras vivan en un país donde los derechos humanos sean respetados y protegidos.
La disculpa pública y las acciones que seguirán en el marco de este decreto representan un esfuerzo por reconstruir la confianza en las instituciones del Estado y crear un México más justo e inclusivo.