By Por Kathya Contreras
Fort Lauderdale, Florida – Estados Unidos ha confiscado el avión oficial del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en un acto que marca un nuevo punto de fricción en la ya tensa relación entre Washington y Caracas. La aeronave, de matrícula T7 ESPRT, fue asegurada en la República Dominicana y trasladada a Florida este lunes, según informaron las autoridades.
El fiscal general Merrick Garland anunció que el avión, un jet privado Dassault Falcon 900EX valorado en 13 millones de dólares, había sido adquirido ilegalmente a través de una empresa fantasma. “Este tipo de incautación es sin precedentes en asuntos penales internacionales. Estamos enviando un mensaje claro de que nadie está por encima de la ley ni del alcance de las sanciones estadounidenses”, declaró Garland.
El avión, equivalente al Air Force One en Venezuela, ha sido utilizado por Maduro en varios traslados oficiales. La operación de incautación forma parte de una serie de sanciones que Estados Unidos ha impuesto a funcionarios venezolanos por corrupción y violaciones de derechos humanos.
La incautación del avión se produce en medio de una crisis política en Venezuela, tras las disputadas elecciones del 28 de julio, en las que Maduro fue reelegido para un tercer mandato de seis años. La oposición venezolana ha alegado fraude y asegura tener pruebas de una victoria aplastante. Sin embargo, el gobierno de Maduro ha sido acusado de manipular los resultados y reprimir a la oposición.
El Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos ha afirmado que la incautación es un paso crucial para hacer que Maduro enfrente las consecuencias de su “desgobierno”. Además, Estados Unidos, la Unión Europea y varios países latinoamericanos han manifestado su rechazo a reconocer los resultados electorales sin una auditoría exhaustiva.
La violencia desatada tras las elecciones dejó al menos 27 muertos y 192 heridos, intensificando aún más la crisis política y humanitaria en Venezuela. Desde 2005, Washington ha implementado diversas sanciones contra individuos y entidades venezolanas involucradas en actos antidemocráticos y corruptos, una medida que la administración Trump amplió para incluir sanciones financieras y sectoriales.
Este nuevo desarrollo refleja el creciente deterioro en las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela y subraya la presión internacional sobre el régimen de Maduro.
