By Por Kathya Contreras
En el contexto de tensiones entre los poderes del Estado, el ministro Juan Luis Alcántara Carrancá ha presentado un controvertido proyecto de sentencia en relación con las acciones de inconstitucionalidad contra la reciente reforma judicial, en vigor desde el 16 de septiembre.
La propuesta de Alcántara Carrancá sugiere eliminar la elección de jueces y magistrados, manteniendo únicamente el sufragio popular para los ministros de la Suprema Corte, magistrados electorales y miembros del Tribunal de Disciplina Judicial.
Uno de los puntos más destacados de su iniciativa incluye la anulación de la elección de 850 juzgadores prevista para 2025 y otra cantidad similar en 2027, así como la cancelación de las elecciones para jueces locales programadas para 2027. Sin embargo, la elección de nueve ministros de la Suprema Corte y dos magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se mantendría.
El proyecto aún no tiene una fecha específica para su discusión y requiere el apoyo de ocho ministros para declarar nula la elección de juzgadores.
En su exposición, Alcántara Carrancá menciona que, para enfrentar la crisis constitucional actual, evitará pronunciarse sobre aspectos que impacten directamente a los ministros de la Suprema Corte, como la posibilidad de que sean electos por votación popular o la renuncia a sus cargos.
El ministro subraya que la legitimidad de las decisiones del Tribunal Pleno ha sido indebidamente cuestionada en la opinión pública. En su análisis, se destaca la necesidad de mantener un equilibrio institucional entre los diferentes poderes del gobierno, lo que implica un enfoque prudente al abordar la reforma que afecta a los integrantes de la Suprema Corte.
Alcántara Carrancá señala que su propuesta se basa en un principio de respeto hacia el órgano encargado de reformar la Constitución, el cual está dominado por Morena y sus aliados.
Si se aprueba esta medida, sería un hecho sin precedentes en el país, marcando la primera vez que la Suprema Corte anula parte de una reforma constitucional.
