Por María Carrillo
Los coordinadores parlamentarios del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano han anunciado que no asistirán a la próxima sesión del Congreso de la Unión, en la que se validarán los cómputos de los congresos locales sobre la reforma al Poder Judicial. Este movimiento busca expresar su inconformidad con el proceso legislativo impulsado por Morena, PT y PVEM.
PAN rechaza proceso “viciado de origen”
La Coordinadora del PAN en la Cámara de Diputados, Noemí Luna Ayala, declaró en conferencia de prensa que su bancada se ausentará de la sesión convocada por Morena y sus aliados. Luna calificó el proceso como “viciado de origen” y aseguró que fue impuesto de manera ilegítima, ignorando suspensiones judiciales previas.
En conjunto con Guadalupe Murguía Gutiérrez, coordinadora del PAN en el Senado, Luna anunció que el partido emprenderá acciones jurídicas para frenar la reforma, argumentando que las sesiones anteriores se llevaron a cabo bajo presiones y violaciones al procedimiento legislativo.
PRI se suma al boicot
El PRI, a través de su dirigente nacional Alejandro Moreno y los coordinadores Rubén Moreira y Manuel Añorve, confirmó que tampoco asistirá a las sesiones. Moreira destacó que el proceso ha estado marcado por intimidaciones y violencia, tanto hacia los legisladores de oposición como hacia los manifestantes pacíficos del Poder Judicial, incluidos estudiantes y trabajadores.
Movimiento Ciudadano: “No seremos parte de la fiesta del régimen”
El coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado, Clemente Castañeda, se unió a la decisión de sus colegas opositores y reafirmó que su partido no participará en la sesión. Castañeda calificó la reunión como una “fiesta del régimen” y subrayó que su partido no legitima un proceso que, según él, carece de transparencia y legalidad.
Contexto del conflicto
La reforma al Poder Judicial ha generado gran controversia, dividiendo a los legisladores y provocando manifestaciones en todo el país. La oposición argumenta que la reforma vulnera la independencia del Poder Judicial y favorece el control del gobierno sobre las instituciones.