Por Samantha Guerrero
Los matrimonios forzados son una de las formas más insidiosas de trata de personas, un delito que afecta a miles de mujeres y niñas, y que, a menudo, pasa desapercibido en la sociedad. En el Estado de México, las autoridades han comenzado a identificar esta problemática como una de las principales modalidades de trata que afecta a la población, especialmente en las zonas urbanas del Valle de México. Aunque se ha avanzado en la investigación y el rescate de víctimas, la falta de denuncia y visibilidad sigue siendo uno de los mayores obstáculos para erradicar esta grave violación a los derechos humanos.
Dilcya García Espinoza de los Monteros, fiscal Central para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género, ha señalado que los matrimonios forzados son un fenómeno que ha sido identificado principalmente en municipios del Valle de México, especialmente en áreas cercanas a la Ciudad de México. A pesar de que este tipo de delito afecta principalmente a mujeres, es común que las víctimas no se den cuenta de la naturaleza de su situación, lo que dificulta aún más su denuncia.
Matrimonios Forzados: ¿Cómo se da este delito en el Estado de México?
Los matrimonios forzados no solo ocurren en comunidades rurales o pueblos indígenas, como se podría pensar en un principio, sino que también están presentes en zonas urbanas, especialmente en el contexto de deudas entre particulares. La fiscal García Espinoza explica que, en muchos casos, el matrimonio es utilizado como una forma de saldar deudas económicas, lo que coloca a las mujeres en una situación de vulnerabilidad extrema.
“Este tipo de matrimonios forzados no son tan visibles porque no ocurren en comunidades originarias, sino en municipios urbanos, especialmente en aquellos cercanos a la Ciudad de México”, indicó la fiscal. El vínculo entre las deudas y los matrimonios forzados es una modalidad preocupante que, aunque menos conocida, está afectando a muchas personas en esta región.
En estos casos, las víctimas son coaccionadas para contraer matrimonio con una persona con la que no tienen ningún tipo de relación sentimental, simplemente para cumplir con una obligación económica. Este fenómeno está estrechamente vinculado con la trata de personas, ya que las mujeres son tratadas como mercancía para resolver disputas financieras entre individuos.
La Falta de Denuncia: Un Desafío en la Lucha Contra los Matrimonios Forzados
Una de las grandes dificultades en la lucha contra los matrimonios forzados es la falta de denuncia por parte de las víctimas y sus comunidades. Las mujeres involucradas en estos matrimonios, muchas veces, no se consideran víctimas, y quienes están cerca de ellas, como familiares o vecinos, tampoco suelen reconocer el delito.
La fiscal García Espinoza hace un llamado a la conciencia social: “Es necesario que las personas se den cuenta de las señales de advertencia y denuncien estos casos. A menudo, las víctimas no se identifican como tal, y la comunidad juega un papel crucial en la identificación y denuncia de estos delitos.”
Además, muchas de estas mujeres terminan viviendo bajo condiciones de abuso y explotación, sin acceso a derechos básicos y sin la capacidad de escapar de su situación. El matrimonio forzado es solo el primer paso en un ciclo de abuso que puede incluir violencia física, psicológica y sexual, todo ello perpetuado por la invisibilidad social y la falta de apoyo legal.
El Matrimonio Forzado en el Contexto de la Trata de Personas
El matrimonio forzado es una de las modalidades menos visibilizadas de la trata de personas, pero no menos grave. Como señala la fiscal, este fenómeno no solo afecta a mujeres de comunidades rurales, sino que ha comenzado a identificarse en zonas urbanas, donde las deudas económicas entre particulares se resuelven a través de la coacción de una mujer a contraer matrimonio.
“La trata de personas no se limita a la explotación sexual, también se da en otras formas, como los matrimonios forzados”, comentó García Espinoza. En estos casos, las mujeres se convierten en mercancía, obligadas a aceptar matrimonios arreglados, sin capacidad para decidir sobre su futuro ni su bienestar.
¿Qué está haciendo la Fiscalía para Combatir los Matrimonios Forzados?
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) ha intensificado su trabajo de campo, investigación de inteligencia y operativos sorpresivos para identificar casos de matrimonios forzados. La fiscalía se está enfocando particularmente en aquellos municipios que tienen mayor visibilidad en la trata de personas, para detectar casos donde las mujeres son forzadas a casarse como parte de un acuerdo económico.
Además, se ha reforzado la colaboración con otras instancias, como COFEPRIS y el Instituto Nacional de Migración (INM), para identificar patrones de explotación y trata en distintos niveles. A través de investigaciones, se están identificando los puntos críticos donde las víctimas son más vulnerables y donde las redes de trata operan con mayor impunidad.
¿Cómo Puedes Ayudar a Combatir los Matrimonios Forzados?
La denuncia es fundamental para detener el ciclo de abusos que enfrentan las víctimas de matrimonios forzados. La fiscal García Espinoza enfatiza que la participación de la ciudadanía es crucial en este proceso: “Si tú eres testigo de una situación sospechosa, si conoces a alguien que está siendo forzada a casarse, no dudes en denunciar. El anonimato puede ser una opción para quienes temen represalias.”
Además, se deben romper los tabúes sociales que normalizan este tipo de situaciones. La sociedad debe aprender a reconocer las señales de explotación y coacción que ocurren en estos matrimonios y actuar en consecuencia.
Un Llamado a la Acción en la Lucha Contra los Matrimonios Forzados
Los matrimonios forzados son una grave forma de trata de personas que afecta a miles de mujeres y niñas en el Estado de México. Aunque las autoridades están trabajando para identificar y desmantelar estas redes, la falta de denuncias y de visibilidad sigue siendo uno de los mayores obstáculos. Es urgente que las personas se involucren en la denuncia de estos casos, y que la sociedad en general comprenda la magnitud de este delito para proteger a las víctimas y evitar que más mujeres sean sometidas a este tipo de explotación.