By Por María Carrillo
La recién propuesta reforma a la Guardia Nacional ha reavivado el debate político en México. Esta iniciativa, respaldada por Morena y sus aliados, busca modificar la naturaleza de la Guardia Nacional, un cuerpo originalmente civil, al integrarlo formalmente bajo el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). La oposición, encabezada por el PRI y otros partidos, ha manifestado su rechazo, argumentando que esta reforma podría tener graves implicaciones para la seguridad pública y el equilibrio de poderes.
¿Qué propone la reforma a la Guardia Nacional?
La reforma contempla cambios a 12 artículos de la Constitución, que incluyen modificaciones a los artículos 13, 16, 21, 55, 73, 76, 78, 89, entre otros. El objetivo principal es adscribir la Guardia Nacional a la Sedena, lo que la convertiría en una fuerza de seguridad pública de carácter permanente y militar, con formación castrense.
Las modificaciones incluyen:
- Mando militar: La Guardia Nacional, actualmente bajo un modelo civil, pasaría a estar completamente bajo control de la Sedena.
- Participación en investigaciones: El cuerpo también actuaría como auxiliar en la investigación de delitos, colaborando con el Ministerio Público.
- Papel permanente de las Fuerzas Armadas: La reforma autoriza la intervención del Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada en tareas de seguridad pública, de manera regular, no sólo en situaciones excepcionales.
Preocupaciones sobre la militarización de la Guardia Nacional
Diversos grupos de la sociedad civil, como la organización Intersecta, han mostrado su preocupación ante la posible militarización de la seguridad pública. La inclusión de la Guardia Nacional en la estructura de la Sedena implica que sus miembros tendrían fuero militar, lo que los eximiría de ser juzgados por tribunales civiles. Esto, según expertos, podría generar impunidad y falta de transparencia, ya que los tribunales militares no están sujetos a las mismas normas de publicidad y rendición de cuentas que los civiles.
Asimismo, se teme que la participación permanente del Ejército en seguridad pública debilite los controles constitucionales existentes, ya que lo que era excepcional se convertiría en norma, un escenario que algunos consideran preocupante para la democracia y los derechos humanos en México.
La respuesta de la oposición
El PRI, representado por el diputado Rubén Moreira, ha dejado claro que votará en contra de la reforma. Moreira ha señalado que la propuesta “desmantelaría” a la Guardia Nacional al militarizarla por completo, además de quitarle efectivos al Ejército. Según él, esto debilita la estrategia de seguridad sin ofrecer alternativas viables para estados y municipios, que no cuentan con los recursos necesarios para enfrentar al crimen organizado.
Moreira también criticó que la iniciativa se está adelantando sin haber sido discutida públicamente, ni esperar a que la presidenta electa Claudia Sheinbaum presente su propio plan de seguridad.
